Eficiencia energética: ¿qué reformas legales afectan al sector en España?

La eficiencia energética es uno de los pilares clave de la sostenibilidad tanto para las empresas como para los países de la eurozona. El ahorro energético que puede suponer su correcta aplicación en los modelos productivos de los países de la Unión Europea y la optimización del uso de la energía, consiguiendo reducir el impacto ecológico, es uno de los retos a los que se enfrenta Europa durante este siglo.

Como tal, la Comisión Europea se puso manos a la obra en el año 2012, con la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, tras percatarse de que los objetivos de aumentar en un 20% la eficiencia energética en todo Europa para el año 2020, contemplados en la anterior normativa que databa de 2006, eran inviables. Por esta razón, Bruselas decidió impulsar una reforma de ley ambiciosa que, en resumen, trataba estos 5 puntos calientes:

  • Modifica la Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico aplicable a productos relacionados con la energía.
  • Modifica la Directiva 2010/30/UE sobre etiquetado de productos relacionados con la energía.
  • Deroga la Directiva 2004/8/CE de fomento de la cogeneración.
  • Deroga la Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.
  • Complementa a la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de edificios, en lo referente a la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos.

Pero, ¿cómo afecta esto a España?

Esta directiva impulsada por la Unión Europea se ha convertido en realidad en España en este año. Ha sido en febrero de 2016 cuando, a través del BOE, supimos que entraba en vigor, en el territorio español, el Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo a la que anteriormente hacíamos alusión.

En resumen, ¿qué dicta el Real Decreto 56/2016?

Si hacemos un análisis del Real Decreto encontramos que, a partir de febrero de 2016, todas las empresas de más de 250 personas, que tengan un volumen de negocio que exceda los 50M€, o que superen los 43M€ en su balance general, deben realizar medidas de ahorro y verificación del 85% de sus instalaciones, con el objetivo de mejorar los consumos energéticos. Obligación en la que quedan excluidas las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Es decir, toda empresa en la que trabajen 250 personas, que tenga un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros, o que supere los 43 millones de euros en su balance general deberá, por ley, someterse a una auditoría energética cada cuatro años, a partir de la última auditoría pasada, que cubra, al menos,  el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica. 

¿Cómo se pueden adaptar las empresas a esta nueva ley?

El Real Decreto determina dos vías para que las empresas afectadas puedan adaptarse:

  • Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas indicadas anteriormente.
  • Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas que se indican en el apartado anterior.

¿Qué plazos contempla el Real Decreto?

El plazo dispuesto por la normativa fija en nueve meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto, el tiempo que tendrán las empresas afectadas para adaptarse a la nueva situación en materia de eficiencia energética.

¿Y si se ha realizado alguna auditoría anterior?

En el caso de que los sujetos de la nueva normativa hayan realizado una auditoría, que cumpla con los requisitos dispuestos por el Real Decreto, con posterioridad al 5 de diciembre, se dará por válida.

¿A qué sanciones se exponen las empresas en caso de incumplimiento?

Basándonos en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que establece en su artículo 80 un rango de infracciones y en el artículo 82 las sanciones por las infracciones tipificadas, extraemos que toda empresa que no se adapte a las medidas expuestas, se expondrán a sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

Stratenergy, un socio clave

Stratenergy es la empresa especializada en la optimización del gasto energético de las organizaciones por medio de la prestación de soluciones y servicios específicos, ayudándoles de esta manera a generar un valor diferencial y a mejorar su posición competitiva. 

Con el respaldo de un gran grupo con la experiencia de Velatia, Stratenergy se convierte en un socio de confianza con el que acometer los proyectos de optimización energética dispuestos en el Real Decreto 56/2016.

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