La Unión Europea aprueba la prohibición de la venta de vehículos de combustión y/o híbridos a partir del año 2035, aupando la industria del vehículo eléctrico

Se acabó. Ya no se podrá comercializar ningún vehículo de combustión -ya sea de gasolina, gasoil o incluso híbrido- en el territorio de la Unión Europea a partir del próximo año 2035. Esta ha sido la decisión tomada por la Eurocámara para poner fin a la sangría de emisiones de CO2 (dióxido de carbono) que este tipo de vehículos emiten a la atmósfera cada día y lograr así alcanzar los objetivos de descarbonización del transporte y de la economía que la Unión Europea se ha fijado para el año 2050; cuando el viejo continente deberá ser neutral desde el punto de vista climático. Así las cosas, todos los vehículos ligeros tendrán que ser bien eléctricos o bien impulsados por hidrógeno, lo que deja un radio de acción de tres lustros sobre los que preparar a la industria, la red eléctrica, los consumidores y las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos. Todo un reto tecnológico para el que la UE lleva años preparándose y que ahora tiene fecha límite.

Esta decisión, que pone el foco en que el 15% de totas las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE provienen del transporte por carretera, llegaba tras el rechazo a una enmienda para la rebaja en los objetivos de descarbonización del transporte y no parece encontrar la sorpresa en los fabricantes de vehículos europeos, que acumulan varios años de anuncios sobre el fin de la producción de vehículos de combustión. Así, las principales marcas han añadido, en los últimos tiempos, modelos 100% eléctricos a su oferta, además de anunciar su colaboración en diversos proyectos de fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

España movilizará más de 24.000 millones de euros para el impulso del vehículo eléctrico

Uno de los mecanismo de impulso más importantes para el vehículo eléctrico, además de uno de los ejes centrales de la recuperación económica y tecnológica española, va a ser el llamado PERTE eléctrico. Estos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica tienen por fin trasladar una serie de inversiones comprometidas por la Unión Europea a los proyectos considerados como estratégicos de cada país miembro. Así, España contará con un PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Tal y como informa el propio Gobierno de España, el eje central de este plan es » la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil (con fuerte tracción sobre otros sectores económicos), para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada y a la generación de nuevas actividades».

Un plan, aprobado el pasado julio de 2021, en el que, mediante la colaboración público-privada, se prevé la movilización de más de 24.000 millones de euros hasta el año 2023.

Europa necesita invertir 280.000 millones de euros en infraestructura de recarga para acabar con el vehículo de combustión

Si bien la fabricación de vehículos eléctricos se erige como fundamental para acabar con el vehículo a combustión y fomentar la movilidad eléctrica, más lo es la disposición de una red de recarga de garantías. Una infraestructura para la que, según recoge el último informe publicado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), serán necesarios más de 280.000 millones de euros. Así las cosas, la Unión Europea tiene que adoptar un ritmo de instalación de 14.000 puntos de recarga públicos a la semana frente a los 2.000 actuales, hasta llegar a la cifra de 6.800.000 puntos de recarga instalados en el año 2030. Una cifra que según el informe de la ACEA ayudaría a reducir el 55% de las emisiones de CO2 de los turismos europeos.

Esta demanda se aleja considerablemente de la cifra presentada por la Comisión Europea en el Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR), que actualmente se está negociando en el Parlamento y Consejo Europeo y que queda prácticamente en la mitad de lo señalado por la ACEA. Por otro lado, el estudio estima que los costes anuales de la infraestructura de recarga pública ascienden a 8.000 millones de euros, alrededor del 16% de la inversión en redes 5G y de Internet de alta velocidad.